El pueblo tiene derecho a protestar.

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica reza lo siguiente:

"El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios."

El pueblo tiene derecho a protestar por los abusos que cometen los funcionarios públicos, y los abusos y arbitrariedades de las agencias publicas. Si es un derecho, ¿por que existe la manía de etiquetar a toda persona que ejerce su derecho a protestar y denunciar como izquierdistas, separatistas, socialistas, o comunistas? Son tantas las etiquetas que un sector de politicos y ciudadanos de Puerto Rico le ponen a las personas que ejercen el derecho a libre expresión, un derecho que es puramente democratico.




No se puede dejar por la libre a estos personeros que desangran a un pueblo, que abusan de la confianza de un pueblo a so color de una alegada ideología política.

Aquí presentamos un video de cómo las personas del pueblo Bell en el Estado de California protestan por los salarios elevados de funcionarios públicos. Por ejemplo, se presentan los casos de un concejal a medio tiempo que devenga un salario de $100,000 anuales; el administrador de la ciudad que devenga un salario de $787,637; y el jefe de la policía con un salario $457,000. Estos ladrones tuvieron que renunciar y ahora son producto de una investigación del fiscal general del Estado, repito, ESTADO de California.




El pueblo de Bell con sus protestas han ejercido presión para que renuncien estos ladrones. ¿Por que no se hace lo mismo en Puerto Rico? ¿Y cuando unos pocos lo hacen, por que los etiquetan de comunistas, socialistas, separatistas cuando ellos estan ejerciendo un derecho democratico y se esta denunciando la falta de responsabilidad de los funcionarios publicos? Al contrario, denunciar los agravios del gobierno es parte de la responsabilidad de los ciudadanos.